El Banco de España está estudiando la posibilidad de abrir expediente sancionador a los bancos por los más de 2.000 informes que ha emitido entre julio del 2013 y enero del 2014 en los que da la razón a clientes que habían presentado quejas relacionadas con las cláusulas suelo.
Tras el fallo judicial del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, que declaraba nulas las cláusulas suelo abusivas, se pidió al Banco de España que prestara «especial atención» a su cumplimiento.
El Supremo no declaró nulas las cláusulas suelo de forma general, sino que solo obliga a que se cumplan unos requisitos de «especial transparencia». Entre estas condiciones, la necesidad de que los préstamos hipotecarios que incluyan las cláusulas deban contener, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita por la que el prestatario manifieste que ha sido «adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato».
Para valorar si esas advertencias han sido las adecuadas, el Alto Tribunal estima que «no es suficiente con que las cláusulas de forma aislada sean comprensibles» sino que los consumidores deben ser informados explícitamente de que «cuando el tipo de interés baja a determinados niveles el préstamo se transforma en un préstamo a interés fijo variable solo al alza».
Más 2000 informes ‘cláusula suelo’ dan la razón al consumidor
De los más de 2000 informes emitidos por el BdE entre julio de 2013 y enero del 2014, una tercera parte se referían a incumplimientos normativos, mientras que el resto se derivaban de «quebrantamientos de las buenas prácticas bancarias».
Ante esta cifra, y al margen de que este tipo de condiciones contractuales sean vigiladas dentro del plan anual de supervisión 2014 del Banco de España, la Dirección General de Supervisión ya está «analizando» los diferentes expedientes para «detectar si hubiera indicios que justifiquen la incoación de expedientes sancionadores».
A vueltas con la devolución de intereses con carácter retroactivo
El Gobierno considera que «la anulación de cláusulas suelo en un contrato hipotecario sólo podrá derivarse de un «pronunciamiento judicial caso a caso para determinar si la comercialización fue adecuada o no en función de la información trasladada al cliente». De este modo, el Gobierno admite que no se producirá una eliminación generalizada de las cláusulas suelo ni tampoco la compensación económica a todos los titulares de hipotecas con estas condiciones.
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