Jueces para la Democracia ha hecho público un comunicado reclamando al Gobierno y el poder legislativo que se elabore una ley que, con carácter general, disponga, en primer lugar, la nulidad por imperio de la ley de todas las cláusulas suelo en contratos de préstamo con garantía hipotecaria; en segundo lugar, la obligación de dejar de aplicarla en los contratos en los que ya constan y de no incluirla en los futuros y, en tercero, la obligada restitución a los clientes bancarios, de todas las cantidades que se hayan percibido con su aplicación, con efecto retroactivo y abono de intereses.
Según el acuerdo alcanzado en su 29.º Congreso, la asociación de jueces afirma que la crisis económica propició que el sector financiero decidiera disponer condiciones generales de la contratación en los préstamos y créditos, con o sin garantía hipotecaria, que ahora están siendo cuestionados en los tribunales generando una gran litigiosidad, acumulándose en los juzgados una gran cantidad de asuntos a los que los juzgados no pueden dar una respuesta en un plazo razonable, y, cuando lo hacen, normalmente acogen las pretensiones de clientes y consumidores.
Entre estas condiciones generales de la contratación destaca, por su frecuencia, la denominada “cláusula suelo» y otros productos como es el caso de lo swaps o permutas financieras de tipos de interés, que han llevado a muchos a la ruina, ocasionando múltiples reclamaciones en los tribunales por su defectuosa comercialización, y otro tanto ocurre con las emisiones de preferentes de toda índole, o de aportaciones financieras subordinadas, que se presentaron como un producto seguro y de gran liquidez cuando se han convertido en una inversión ruinosa e irrecuperable.
Según JpD, es incomprensible que estas cláusulas siga siendo comercializadas, que perdure en contratos anteriores y que los ciudadanos hayan de acudir, de manera masiva, a los tribunales, para que sea retirada, cuando el TS, desde su sentencia de 9 de mayo de 2013, declaró abusiva la práctica de incluirla sin informar a quienes decidían adquirir una vivienda y constituían hipoteca para garantizar el préstamo destinado a ese fin. Esa práctica, como revelan las múltiples sentencias dictadas en los últimos tiempos, ha resultado estar muy extendida.
